Garantizar la calidad mediante organismos de participación pública y social que elaboren y apliquen instrumentos de medición y certifiquen la calidad educativa, vigilen que se respeten los aspectos laborales de los trabajadores involucrados, así como el derecho laboral (prestaciones, sueldos, seguro médico...) En estos organismos deberán estar incluidos académicos, estudiantes y sociedad en general, pero se propone que se articule con organismos promotores de DDHH de reconocido prestigio social, alejados -de preferencia- de entes gubernamentales, con la finalidad de mantener su autonomía operativa, ideológica, así como su prestigio.
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